La estructura del Estado Español está
configurada de la siguiente manera:
En primer lugar tenemos a la Administración
General del Estado: el Congreso, el Senado, el área de Presidencia, las 4
Vicepresidencias y los 22 Ministerios. Después están las 17 Comunidades
Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla con sus innumerables consejerías.
Luego las entidades locales que agrupan a los Ayuntamientos (8.122), las
Diputaciones Provinciales (51), los Cabildos Canarios (7) y los Consejos
Baleares (4). En total suman 8.191 entes
que constantemente están creando nuevas leyes, reglamentos y ordenanzas con los
que controlan cada aspecto de nuestras vidas y que suponen más de 100.000
páginas anuales del BOE.
8.191 entes no son poca cosa para un país
de las dimensiones de España. Pero la cosa no termina ahí. Por si esto no fuera
suficiente, además se han creado nuevos entes asociados a la Administración
Pública: 3 áreas metropolitanas; 6 autoridades administrativas independientes
como la Agencia Española de Protección de Datos, la CNMV o el FROB; 6 entidades
gestoras de servicios comunes a la Seguridad Social; 6 órganos que tienen
dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado; 18 organismos
autónomos provinciales; 21 mutuas colaboradoras con la Seguridad Social; 24
entidades de derecho público;25 agencias; 26 fondos sin personalidad jurídica;
31 organismos diferentes a todos los anteriores, pero que son unidades de
derecho público; 48 comunidades de usuario; 49 universidades públicas; 55
fondos sin personalidad jurídica; 76 agrupaciones de municipios; 82 comarcas;
88 instituciones “sin ánimo de lucro”; 120 entidades públicas empresariales;
152 entes públicos; 330 organismos autónomos; 706 organismos autónomos
administrativos; 796 consorcios; 866 fundaciones; 950 mancomunidades; 1.952
sociedades mercantiles y 3.688 entidades de ámbito municipal inferior a
municipio. En total suman la friolera de 9.263
entes que han creado nuestros Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y la
Administración General del Estado. ¡¡Uff!! Visto lo visto, se me antoja que
esto de Estado tiene muy poco y mucho de prisión que, además, acarrea un gasto enorme.
El mayor gasto en los Presupuestos
Generales del Estado son las pensiones (144 mil millones de euros en 2019). Por
detrás del gasto en pensiones no está la sanidad ni la educación ni ninguna
otra partida, sino el gasto en personal que de una u otra manera recibe dinero
del erario público (134.463 millones de euros en 2019).
Si en el año 2019 el Presupuesto fue de 452.933.579.558 €, de los cuales, 330.250.496.500
€ fueron recaudados a través de impuestos y 122.683.083.058 € fueron
financiados, resulta que de los 452.933.579.558
€ del Presupuesto 278.470.000.000 (el 61,48%) se fueron en pensiones y sueldos.
España tiene una
población de 47.500.000 de habitantes, de los que 39.640.000 son mayores de 16
años (el 83%). De estos, 16.500.000 son inactivos (41,6%) y 23.140.000 activos
(58,4%). De los activos –según datos del INE- 19.344.000 (83,59%) están
ocupados y 3.796.000 (16,41%) desempleados. De entre los ocupados, tenemos a
3.380.000 (18,84%) que cobran del Estado, a 12.873.000 (66,54%) que trabajan
por cuenta ajena y 3.091.000 (14,62%) autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Que
15.964.000 personas mantienen a una población de 47.500.000 habitantes. O lo
que es lo mismo: España es sostenida solo por el 33,60% de su población.
Para acometer este inmenso gasto España emitió
en 2016 deuda a 50 años; es decir, hasta el año 2066, que no es moco de pavo.
Pero esto es una tontería con la nueva cantidad de deuda que va a tener que
asumir.
Si estos datos, se
pongan sus señorías como se pongan, ya no eran sostenibles para el año 2019,
imagínate lo que va a suceder de aquí en adelante después de haber arruinado el
país.
Lo primero que a cualquiera de nuestros
políticos se le ocurrirá para paliar la situación actual es reducir el gasto. Pues
bien. Como ya dije antes, la mayor partida de los Presupuestos Generales del
Estado son las pensiones. Y qué curioso. Resulta que hay un coronavirus
circulando por ahí que está matando a la población mayor de 65 años. ¿Pero no
son los mayores de 65 años los pensionistas? ¡Ah! Ahora caigo.
Los daños económicos, sociales y, por qué
no decirlo, en vidas que esta locura va a traer son de tal envergadura que nos
vamos a arrepentir toda la vida de haber obedecido sin rechistar los
confinamientos, toques de queda y cierre de negocios impuestos por el Gobierno.
En definitiva, lo del Covid-19 va a ser un rasguño comparado con la apisonadora
que nos va a pasar por encima. Y eso va a ser así solo por una razón: por
gilipollas. Y lo veremos de nuevo el 4 de mayo en las elecciones a la Asamblea
de Madrid, donde los imbéciles útiles volverán a votar masivamente a sus
verdugos, sean del color que sean. Porque no se trata de haber cambiado
“seguridad” por derechos y libertades, que también. Se trata de que hayamos
cambiado una supuesta seguridad por hambre, y eso es muy grave.
No lo crees, ¿verdad? Pues mira lo que
están anunciando que, bajo mi punto de vista, no es más que la preparación de
la opinión pública para el siguiente desastre con el que seguir reduciendo
drásticamente la población mundial.
En una editorial de RT se dice: “Los desastres naturales, el cambio
climático y las enfermedades que atacan los cultivos y el ganado se ven
agravados por el impacto de la pandemia de covid-19 en la agricultura y la
seguridad alimentaria, según un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)”. En este informe se avisa: “En ningún otro momento de la historia la
agricultura se ha enfrentado a tal variedad de riesgos familiares y
desconocidos, interactuando en un mundo hiperconectado y un panorama que cambia
precipitadamente”.
Pues si lo dice la FAO (otra de tantas
organizaciones en manos de la élite globalista), ten por seguro que así será.
¿Conoces la fábula de la ranita? Pues eso. O saltamos YA de la cazuela o nos “hervirán” vivos.
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